Por Laura de Rivera, Directora de Regulación y Servicios Jurídicos del Grupo Red Eléctrica 

A partir del año 2012, la regulación de la Unión Europea ya empieza a plantear objetivos medioambientales, evolucionando no solamente desde el ámbito del mercado de la competencia sino que también a la consecución de objetivos climáticos, y es cuando surge el Clean Energy for all Europeans Package (CEP) 2018 – 2019. Este pacto verde europeo no solamente se ciñe a las cuestiones de integración de renovables, eficiencia energética, sino que va más allá, y plantea otros objetivos que son de economía circular en materia de biodiversidad, de reforestación, transporte y movilidad, y un fondo social para una transición ecológica justa, es decir, una visión completamente transversal.

Así, se ha establecido una reducción del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto al año 1990, una penetración renovable de 32% del consumo de la energía final, un 1,3% de mejora de la eficiencia energética y un 15% de la interconexión eléctrica entre los diversos países de la Unión Europea.

Claramente la gobernanza europea ha impactado de manera absoluta el marco regulatorio de España. En la actualidad, las principales funciones en materia de regulación están atribuidas al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Es la primera vez que se une medio ambiente con energía y no se introduce el término de energía. 

La planificación energética la hace el Gobierno, y luego se reporta a las cortes, respecto a la proyección de la red de transporte, fija hitos en cuanto a la penetración de renovables e impulsa normativas que generen incentivos para abandonar las energías fósiles y sustituirlas por renovables.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se creó en el año 2013 como un organismo supervisor y regulador que ejerce una vigilancia en materia de competencia y de sectores regulados, y en particular en materia de energía. Sus competencias son aprobar las metodologías, los valores de los peajes, los parámetros retributivos de las actividades reguladas de transporte y distribución, y también la función y metodología de lo que es la actividad del operador del sistema o gestor de la red. Asimismo, supervisa los desarrollos alternativos y los network codes y la metodología de acceso y conexión a la red y reglas de mercado. Lo anterior ha sido relevante en los últimos tiempos dada la necesidad de penetración de renovables que tenemos marcado por nuestro Plan Nacional de Energía.  

Por su parte, Red Eléctrica de España es el operador del sistema y transportista único de electricidad en España, y gestiona el régimen de monopolio de esta red de transporte. Hay algunas excepcionalidades, pero con carácter general, así como las interconexiones. Es también responsable de la gestión técnica del sistema garantizando la seguridad del suministro, la coordinación de la generación del suministro y el transporte. El operador del mercado ibérico es el responsable de la gestión económica y de las subastas eléctricas que se llevan a cabo entre productores y consumidores. Por un lado, tenemos a OMIE que es el responsable del mercado diario e intradiario y, por otro, OMIP que es el responsable del mercado futuro. Son dos empresas privadas, aunque Red Eléctrica de España tiene participación pública, pero es mayoritariamente de capital privado, integrada dentro del Grupo de Red Eléctrica. 

España, al adecuarse al modelo de gobernanza exigido por la Unión Europea, hizo un reparto adecuado de competencias entre el Ministerio y la CNMC. Esto supuso un cambio del modelo regulatorio total en el país porque la CNMC asumió por primera vez competencias regulatorias. Hay un modelo de coordinación entre el Ministerio y la CNMC a través de las orientaciones de políticas energéticas. El Gobierno a través del Ministerio fija lo que es la política energética y le dice a la CNMC cuáles son sus orientaciones que debe respetar. 

En la actualidad, España está inmersa en una transformación y evolución completa del modelo energético dentro de esta visión de cambio climático que impera en la Unión Europea. El marco normativo español persigue adaptarse a estos objetivos de neutralidad climática, y ya en este año 2021 se ha aprobado la Ley de Cambio Climático y Transición Energética cuyos objetivos son la reducción de las emisiones para el 2030 y que las renovables en demanda final estén en un 35%. A fines de 2020 era de un 20% y algo. Asimismo, se pretende que la penetración de redes en el sector eléctrico en mix de generación sea más del 70% -ahora mismo estamos en torno al 45%-, mejore la eficiencia energética y que la interconexión con Francia sea de 8 GW, el día de hoy escasamente llegamos a los 3 GW. 

Hay mucha normativa que se está elaborando o que se acaba de aprobar en el último año y medio como el Real Decreto que establece incentivos para renovables o el de acceso y conexión para dotar de seguridad jurídica a todos las renovables que se están conectando a las redes. Como también la creación de mecanismos de capacidad, que está en desarrollo en la elaboración de esta normativa, para garantizar que tengamos la seguridad del suministro eléctrico dado el carácter intermitente que va a tener la energía renovable, teniendo en cuenta que ésta última será de un 100% para el año 2050. Luego hay hojas de rutas de almacenamiento de hidrógeno verde a nivel europeo y español. 

En conclusión, tanto en Europa como en España se han vivido dos fases. La primera muy vinculada al mercado interior de la energía que todavía estamos implementado, y una segunda fase en que estamos inmersos plenamente y que es conseguir la descarbonización de Europa en el año 2050.