Por Carlos Barría, Jefe de la División de Estudios y Políticas del Ministerio de Energía
Estamos en una crisis climática y la responsabilidad del sector energético es amplia, por eso, desde hace algunos años hemos trabajado en distintas iniciativas. Se hizo un plan de carbono neutralidad para 2050 y un compromiso intermedio al 2030 que se presentó en las Naciones Unidas el año pasado. Desde un principio, se ha establecido que tiene que ser un cierre con responsabilidad, estando siempre pendiente de cómo la seguridad del sistema eléctrico va evolucionando. Obviamente este compromiso de retirar las centrales a carbón trae consigo la necesidad de ir integrando cada vez más energía renovable.
Mientras tanto, se está discutiendo en el Congreso, todavía en primer trámite, la Ley Marco de Cambio Climático. ¿Qué es lo relevante de esta ley? Es que pondría la carbono neutralidad por ley, se trataría de un compromiso vinculante legal. Vale decir, se crea una institucionalidad bastante robusta para administrar, supervisar y monitorear cada uno de los compromisos en materia de cambios climáticos que nos estamos planteando.
Cabe preguntarse por qué la carbono neutralidad tiene que ver con el sector energético principalmente. Porque lograr esta ambición climática requiere hidrógeno verde, eficiencia energética, más energía renovable y electromovilidad, entre otros. La industria entonces va a requerir redes eléctricas no solamente confiables, sino que también resilientes y adaptadas, por ejemplo, a eventos de alto impacto y baja probabilidad.
Hoy día cerca del 24% de nuestra matriz de consumo final de energía es con electricidad. Nuestras proyecciones en los escenarios de la planificación energética a largo plazo muestran que podríamos llegar, en un escenario más ambicioso de transición acelerada, a cerca del 73%. Estoy hablando de tres veces más de electrificación en los próximos 20 años.
El potencial que tiene Chile en términos de energía renovable requiere, sin dudas, fortalecer nuestra red de transmisión. Hoy día creemos que existe una base en términos de planificación de la transmisión muy robusta. Al respecto, uno de los puntos relevantes que tuvimos este año en la planificación energética en nuestro Informe Preliminar fue la definición de polos de desarrollo, que es un instrumento que aparece en la Ley de Transmisión de 2016.
Al respecto, revisamos el norte, la zona central y el sur. Finalmente, destacamos y definimos las provincias de Antofagasta y Tocopilla como polos de desarrollo puesto que tienen una necesidad inmediata. Entre los criterios que se utilizaron para elegirlos fue la alta proyección que vemos de la oferta eléctrica en esa zona, las numerosas solicitudes de conexiones de acceso abierto que tiene el Coordinador en esa área y el alto número de licitaciones fiscales que hoy día existen en la zona. Cabe destacar que en estas provincias está ocurriendo el cierre de centrales a carbón y son potenciales en producción de hidrógeno verde, como también la señal de geolocalización que estaría dando la línea de corriente continua HVDC y las distintas reservas de paños.
Chile va a alcanzar una operación del 35% de generación por fuentes renovables variables en algunas horas del día, y eso significa un desafío muy importante. Por eso, hemos evaluado distintas opciones de almacenamiento. Por primera vez hacemos este análisis de sistemas de almacenamiento de corta duración, de media duración e incluso sistemas de almacenamiento de más larga duración. Por lo tanto, aquí hay un desafío también de cómo podemos ir integrando cada vez más la necesidad o cumpliendo el requerimiento de almacenamiento que nos exige la penetración de energía renovable.
Por otra parte, la electrónica de potencia -ya sean baterías, fotovoltaica o energía eólica- puede aportar a lograr mantener los niveles de seguridad que corresponden, por ejemplo, a las necesidades de inercia del sistema eléctrico.
En tanto, el crecimiento que esperamos en la producción de hidrógeno verde en el país va a tener dos formas. Sistemas eléctricos o electrolizadores que estén conectados a las redes de transmisión, y también plantas electrolizadoras, producción de hidrógeno verde o combustible sintético que estén fuera de la red. Particularmente en la zona de Magallanes, probablemente los proyectos que se estén desarrollando, desde 550 MW hasta 1000 MW de generación eólica, se conectarán a sistemas de electrolización. Esos sistemas van a ser sistemas eléctricos particulares grandes que van a requerir también de alguna visión normativa e institucional.
Todo lo anterior, tiene que llevarse a cabo bajo el concepto de transición justa, que es el enfoque social y ambiental que tenemos que resguardar.